'CASO GIL/ Los herederos de Gil declaran que el ex alcalde de Marbella sólo tenía 854 euros de liquidez cuando falleció (EL MUNDO)

La Fiscalía Anticorrupción denuncia presuntas irregularidades contables y societarias en la gestión del ex presidente del Atlético de Madrid, de M A G Marín y de Enrique Cerezo en la entidad rojiblanca los años 2003 y 2004

Cuando el 14 de mayo de 2004 Jesús Gil y Gil falleció, dejó pendiente toda una serie de causas judiciales y enredos patrimoniales que todavía no se han aclarado ni tiene pinta de hacerlo. Los herederos, sus cuatros hijos y su esposa, intentan quitarse la responsabilidad civil del cabeza de familia como pueden, y para ello han realizado una liquidación del impuesto de sucesiones muy dudosa. Los expertos fiscales consideran que el fin último de esa declaración es «ocultar el auténtico patrimonio» de los Gil Marín. Y, mientras tanto, el fiscal anticorrupción José Grinda se presenta como denunciante en un caso más del Atlético de Madrid, donde sus ex y actuales directivos podrían haber cometido delitos societarios e irregularidades contables.
MADRID.- Jesús Gil y Gil, ex alcalde de Marbella y ex presidente del Atlético de Madrid, falleció en marzo de 2004 pero sus causas judiciales aún siguen vivas y su auténtico patrimonio continúa siendo una incógnita. EL MUNDO ha podido saber que el «patrimonio neto provisional» de Jesús Gil tras su muerte era de tan sólo 625.007 euros y tenía una liquidez de 854, según declararon oficialmente sus herederos en noviembre de 2004.El primero que se ha interesado por el patrimonio ha sido el fiscal Anticorrupción José Grinda. Ha conseguido mantener viva una investigación que comenzó en julio de 2005 contra Gil y contra su hijo Miguel Ángel en el juzgado de instrucción número 10 de Madrid por un presunto hurto al patrimonio de la mercantil Club Atlético de Madrid que asciende a 2.700 millones de las antiguas pesetas.

Grinda también considera que los Gil, padre e hijo, falsearon la contabilidad del Club Atlético de Madrid durante los años 2003 y 2004 y que, además, cometieron una serie de delitos societarios. Esos hechos, según el escrito aportado por el fiscal al procedimiento 2.727/05 que sigue el Juzgado de Instrucción número 10, se produjeron en 2003 y fueron denunciados por un grupo de accionistas de la entidad atlética en el 2005.Otra de las personas que recientemente se ha interesado por el patrimonio de la familia Gil ha sido el diputado andaluz por Izquierda Unida Antonio Romero. El parlamentario andaluz declaró el pasado 3 de septiembre que iba a solicitar, de manera oficial, al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que la Fiscalía Anticorrupción investigara el patrimonio de los herederos del ex alcalde de Marbella.

Antonio Romero quiere que se esclarezca la procedencia del patrimonio y bienes de los herederos de Jesús Gil y Gil por si «en esa herencia hay patrimonio que corresponda al pueblo de Marbella».El fiscal Grinda considera que Jesús Gil, ex presidente del Club Atlético de Madrid; Miguel Ángel Gil Marín, director general, y Enrique Cerezo, actual presidente del Club, cometieron un delito societario y otro de administración desleal. El fiscal mantiene que los dos primeros imputados, Gil y su hijo Miguel Ángel, han dado «preferencia a otros intereses particulares y familiares antes que a los estrictamente societarios».Este caso se está siguiendo en el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, y el pasado 10 de abril la magistrada María Antonia Torres resolvió archivar el procedimiento y alegó, entre otras cosas, que «no se consumó un delito de administración desleal» y concluía que «se acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de la presente causa».

Automáticamente, el fiscal anticorrupción recurrió la decisión judicial de la magistrada. Finalmente, el recurso de apelación del fiscal Grinda fue admitido a trámite por la Audiencia Provincial el pasado mes de junio y aún está pendiente de resolución: «No considerando esta Sala (Sección 7 de la Audiencia Provincial) necesaria la celebración de Vista, quedando el presente rollo de apelación pendiente de señalar fecha de deliberación que por turno corresponda».Es decir, el archivo del procedimiento 2727/2005 que instruía el Juzgado de Instrucción número 10 ha quedado, momentáneamente, en suspenso y pendiente de la resolución que adopte la Audiencia Provincial. Pero ése no es el único procedimiento judicial que todavía permanece vivo contra el difunto Jesús Gil.

El fiscal anticorrupción Grinda recuerda en su escrito de acusación que el ex alcalde de Marbella todavía tiene pendiente cinco procedimientos judiciales. Esos mismos casos judiciales también están reflejados en la liquidación del impuesto de sucesiones que realizaron los herederos de Jesús Gil (su esposa María de los Ángeles Marín Cobo y sus hijos Jesús, Miguel Ángel, Oscar y María de los Ángeles Gil Marín) el 13 de noviembre de 2004.Los herederos de Jesús Gil indican en su declaración que «el patrimonio del causante (se refieren a Jesús Gil y Gil) está afecto además a las posibles responsabilidades que se deriven de los siguientes procedimientos».

Y a continuación enumeran cada uno de ellos: «1.-Diligencias previas 76/2001, Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional (corresponde al caso Saqueo de Marbella I). 2.-Diligencias Previas 76/2001. Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Pieza Separada SERMOSA (fraude en la compra-venta de una serie de locales). 3.-Diligencias Previas 100/2003. Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional (Saqueo de Marbella II). 4.-Diligencias Previas 328/2002. Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (más conocido por el caso de la estatua rusa). 5.-Actuaciones Previas 11/2002 ante el Tribunal de Cuentas, correspondiente al Informe de fiscalización de la cuenta del Ayuntamiento de Marbella de los años 1990 a 1999».Todos esos casos judiciales, aunque se iniciaron hace más de cinco años, todavía están en proceso de instrucción. Y en todos ellos Jesús Gil sólo puede tener una responsabilidad civil, pues la penal desaparece cuando el imputado fallece. Por ese motivo, los herederos de Jesús Gil reflejan en su declaración del impuesto de sucesiones que «la determinación efectiva del patrimonio neto no se podrá realizar hasta que concluyan los referidos procedimientos».

Este periódico ha tenido acceso al inventario de bienes de Jesús Gil en el momento de su fallecimiento, que se encuentra aportado al procedimiento judicial que sigue el Juzgado de Instrucción número 10 contra el ex presidente, el director general y el actual presidente del Atlético de Madrid. En esa relación de bienes se indica que el «total del patrimonio neto provisional» de Jesús Gil en el momento de su fallecimiento era de tan sólo 625.007,89 euros. El desglose por partida es el siguiente forma: «Depósitos en entidades bancarias: 854,72 euros; Acciones no negociadas, 1.377.964,35 euros». Todo ello da un «total del patrimonio neto provisional» de Jesús Gil y Gil, tras sumar depósitos bancarios y acciones y restar los préstamos, de 625.007,89 euros. El fiscal anticorrupción José Grinda está decidido a continuar con el procedimiento judicial contra Jesús Gil y Gil, Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo porque considera que «existió, efectivamente, un falseamiento en la presentación contable del patrimonio del Club Atlético de Madrid en el ejercicio 2003-2004».Grinda llega a decir que «la tesis defendida desde esta Fiscalía en la causa consiste en que los administradores ocultaron información relevante a los socios en el momento en que, en junio de 2003, acordaron la ampliación de capital».Y, por último, el fiscal anticorrupción hace alusión en su escrito al estadio Vicente Calderón. José Grinda, primero, denuncia que los gestores del Atlético de Madrid realizaron una «estratagema contable con el objeto de ocultar un desequilibrio patrimonial» y, después, indica: «Así, siendo el estadio Vicente Calderón el mayor (único) activo de tal sociedad, se constituyó una sociedad llamada «División Inmobiliaria del Atlético de Madrid SL. Cuyo único bien era el referido estadio de fútbol, que los imputados valoraron contablemente, de forma arbitraria, en 226 millones de euros, a sabiendas de que tal valor no era cierto».

Fuente: Diario EL MUNDO